Ante la crisis social, ninguna solución

Gustavo Valdés echa mano para evitar estallido social

Política - 18/08/2019

Las medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri lejos de generar tranquilidad en la provincia más pobre del país causaron alarma.

 

Las organizaciones sociales que representan a los sectores excluidos, la mayoría de ellos desocupados, están fuera de los alcances de las mejoras dadas a conocer por la Casa Rosada. También están exentas de las medidas paliativas anunciadas esta semana por el gobierno provincial. En otros términos, el 40 por ciento de la población correntina no recibirá alicientes para enfrentar la crisis.

 

Ante la situación, lejos de buscar una salida, el gobernador Gustavo Valdés ordenó reagrupar a las tropas policiales y mandó a custodiar los supermercados ante posibles saqueos. Pero las disposiciones nacionales, además, obligaron a Valdés a realizar otros movimientos urgentes para evitar un estallido social.

 

Es que el Estado nacional anunció una reducción en la carga impositiva para los empleados privados y un envío de fondos de hasta 5.000 pesos para los empleados nacionales y mejoras para los trabajadores de las fuerzas de seguridad.

 

Además, dispuso que se eviten el cobro de tributos a cuentapropistas. Esto fue después de que el mismo titular del Ejecutivo evitó ordenar al Banco Central que compre dólares para evitar una suba del precio de esa moneda extranjera que esta semana llegó a los 63 pesos.

 

La suba produjo que se disparen los precios en los productos de la canasta básica que superan el 30 por ciento y causan que la inflación llegue al 47 por ciento, el índice más alto de los últimos 27 años. Esta escalada generó alarma en Corrientes.

 

El mismo día en que se conocieron los anuncios nacionales los principales gremios de los trabajadores estatales provinciales reclamaron mejoras "urgentes", mientras que en la Policía advirtieron que un retraso en las mejoras salariales podría acrecentar el malestar en las Comisarías.

 

El temor de Valdés es repetir la experiencia de Pedro Braillard Poccard -hoy legislador nacional- quien, a cargo del Ejecutivo y en un escenario similar, en 1999 causó una crisis económica y política sin precedentes en la historia correntina.

 

El votante no tiene memoria. Y es por ello que el principal generador de la mayor desestabilización política, social y económica actualmente los representa en el Congreso luego de haber ejercido cargos como ministro y diputado provincial.

 

Acaso, tras ojear la historia reciente, el gobernador Valdés decidió echar mano a una medida arriesgada pero necesaria al adelantar incrementos previstos para diciembre y así intentar evitar que se agrave el dolor en el órgano más sensible del correntino: el bolsillo.

 

El Gobierno provincial este 15 de julio anunció incrementos para todos los empleados públicos y también aumentos en las asignaciones provinciales. Los aumentos son en promedio de 1.500 pesos pero serán en dos tramos, el primero se hará efectivo en septiembre y el segundo en octubre.

 

Los incrementos son exiguos en comparación a los índices inflacionarios ya que representan un promedio del 8 por ciento que son escasos para afrontar la escalada de precios que, en la provincia más pobre del país, llegan a un 35 por ciento sólo en los productos de la canasta básica.

 

El contexto social y económico en Corrientes es delicado pese a los "parches" que se pretenden poner para evitar el descontento social, ya que está previsto que entre agosto y octubre la inflación continúe en aumento.

 

El escenario se torna más complejo para Valdés. La alianza que lo llevó al poder perdió en toda la provincia en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

 

La caída, generada por el contexto económico, se vio agravada por un sinnúmero de actos de corrupción: desvíos de fondos para financiar las campañas electorales, un ministro investigado por trata de personas, un ex gobernador sospechado de estar vinculado a redes de narcotráfico y prostitución en Paso de los Libres y hasta el mismo gobernador posiblemente vinculado con una red de explotación sexual de mujeres en Itá Ibaté.

 

Todo esto genera falta de credibilidad de la ciudadanía hacia la administración provincial que pone en dudas su capacidad para afrontar la escalada inflacionaria, la suba en la desocupación, sin tener en cuenta la tensión existente entre los partidos políticos que integran la alianza gobernante.

 

El panorama actual es complejo para el gobierno y esto llama a los partidos opositores y a la Iglesia a tomar parte en el conflicto y mediar para que, por medio de los mecanismos institucionales, haya una tensa calma, al menos hasta la primera semana de septiembre.